Tres millones y medio de visitas
Hace un año que el Guadarrama fue declarado Parque Nacional, tras décadas de presión intelectual y como respuesta a una iniciativa esbozada ya en los años veinte del pasado siglo, cuando unos pocos guadarramistas previeron los problemas de sostenibilidad que se iban a generar. La Sierra Culta, como se la ha llamado, ha sido también la de los desmanes urbanísticos, y la de un desfile de cargos políticos que no ha ayudado a fraguar planes de protección cuya urgencia ya nadie cuestiona.
Tal vez por eso, y a pesar de la flamante cartelería que puede verse en las carreteras madrileñas hacia la Sierra, apenas se han dado unos pocos pasos administrativos en el largo camino hacia la regulación; un camino de más de un siglo en el que se dio un salto gigantesco hace ahora un año.
El decimoquinto parque nacional español –quinto en extensión- incluye los Sitios Naturales de Interés Nacional de Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara, La Pedriza de Manzanares y el Pinar de la Acebeda. Como se explica en una nota del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sus sistemas naturales “están formados por matorrales supraforestales, pastizales de alta montaña, estepas leñosas de altura y cascajares, ecosistemas naturales singulares de origen glaciar y periglaciar, pinares, sabinares y enebrales, entre otros”. El 25 de marzo de 2002, las consejerías de Medio Ambiente de Madrid y Castilla-León establecieron un Protocolo de trabajo para la definición del PORN (Plan de Ordenación de Recursos Naturales) de la Sierra; plan que en un principio quiso afectar a 200.000 hectáreas y cincuenta municipios, y que ha terminado por cristalizar en las 33.960 hectáreas que ya gestiona.
La exclusión de los pinares de Valsaín y de los Belgas del perímetro de alta protección, ha generado una de las grandes controversias del neonato PNSG. La incidencia ha puesto de manifiesto que los criterios conservacionistas han tenido que supeditarse a cuestiones de propiedad; circunstancia que ha derivado en el descarte de zonas de altísimo valor ambiental y en una configuración territorial extraña. No obstante, como explica Martínez de Pisón, “los viejos parques de montaña, como Ordesa y Covadonga, han crecido con el tiempo”, así que “el Parque acabará por agregar esa áreas que todos sabemos que le faltan”. Sea como fuere, el Aurrulaque de 2011 pidió la inclusión de los pinares, y no en vano, el manifiesto leído por Pedro Nicolás incidía en cómo “la coherencia natural ha de prevalecer sobre los obstáculos e imposiciones procedentes de visiones esquemáticas de despacho o de las reglas emanadas de ideas o criterios inflexibles”.
Tres millones y medio de visitas
Desde el 27 de junio de 2013, fecha de la declaración formal que inauguró legalmente el PNSG, el Parque se ha convertido en el más visitado del país. Muy reproducida en medios generalistas, la cifra se relaciona con un discutible nulo impacto (fundamentado en una ratio de 103 visitantes por hectárea) y con el consabido enriquecimiento de los municipios limítrofes. Aunque fuese de esperar que el buen dato haya sido cuestionado por diversas organizaciones ecologistas, algunas se han fijado en un celo gubernamental más enfocado en la explotación del espacio protegido que en las políticas reguladoras que tanto se han hecho esperar. Se han denunciado actividades tipo trail con más de 800 participantes, el desmantelamiento de centros de educación ambiental y algunos otros problemas asociados a la nueva condición del espacio natural.
Las diferencias surgidas entre el punto de vista institucional y los diversos posicionamientos críticos que la prensa ha recogido, vienen a demostrar la magnitud del reto ambiental que la nueva gestión implica. Parece que la protección de la Media y Alta Montaña madrileña y segoviana no haya hecho sino comenzar, y de ahí que Sáenz de Miera invite a mantener las viejas reivindicaciones, caminando en paralelo a la Administración. Con todo, el primer aniversario ha generado toda una serie de declaraciones políticas, entre las que cabe destacar la de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, que ha dicho que «hemos tenido que esperar cien años, pero bien está lo que bien acaba”, y la del secretario de Estado de Medio Ambiente, que ha declarado que “a una sociedad avanzada como la española se la reconoce por cómo cuida su naturaleza”. [Fuente: Desnivel. Por: Gonzalo Pernas Frías]